| Updated: 10/13/2010 6:46 pm |
Published: 10/13/2010 6:44 pm |
El Gobierno dijo el miércoles 6 que deportó una cifra récord de más de 392.000 indocumentados en el año fiscal 2010 que concluyó el pasado 30 de septiembre,, y más de 195.000 de ellos, habían sido condenados por crímenes, como parte del combate a la inmigración ilegal en el país dijo la Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano.
Esas cifras, según ICE, representan incrementos de más de 23.000 deportaciones en general y 81.000 de personas con antecedentes criminales, en comparación con el año fiscal 2008.
Es decir, la Administración Obama ha registrado un incremento de más del 70% en la expulsión de extranjeros criminales sobre la Administración Bush, según las autoridades.
Según Napolitano, el enfoque actual ha dado "resultados históricos" porque el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en la aplicación "inteligente" y "eficaz" de las medidas policiales para combatir la inmigración ilegal, en particular la deportación de criminales que "suponen una amenaza para la seguridad pública".
Mientras, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también ha ampliado el controvertido programa de "Comunidades Seguras", que utiliza información biométrica y otras medidas para identificar y expulsar a extranjeros en cárceles estatales y locales.
El programa, descalificado por grupos humanitarios y defensores de los inmigrantes, ahora se aplica en más de 600 jurisdicciones, incluyendo todas las del suroeste de EE.UU, en comparación con apenas las 14 con las que comenzó en 2008.
La meta del DHS es ampliar "Comunidades Seguras" a todas las jurisdicciones policiales en la nación para el año 2013.
Según DHS, tan sólo este año "Comunidades Seguras" ha logrado el arresto de más de 59.000 extranjeros condenados por crímenes, incluyendo a 21.000 condenados de crímenes como violación sexual, homicidio y el abuso sexual de menores.
Las autoridades también destacaron que desde enero de 2009, ICE ha realizado auditorías a más de 3.200 empleadores sospechosos de contratar a trabajadores sin papeles, y ha impuesto sanciones por cerca de $50 millones a quienes violan las leyes que prohíben la contratación de indocumentados.
Como medida punitiva, las autoridades también han cancelado los contratos federales a 225 compañías e individuos que a sabiendas han contratado mano de obra indocumentada.
Según grupos pro-reforma un aumento de la seguridad fronteriza, es tan importante como la legalización de la población indocumentada y ambos asuntos son, de hecho, componentes clave de la reforma.
